La fiscalía dio inicio a los alegatos en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Con tono vehemente, por momentos volumen de voz elevado, ademanes y aparente enojo, el fiscal Diego Luciani aseguró que se cometió el delito de defraudación al Estado a través de una asociación ilícita.

Con la bandera argentina de fondo, buscando mirar a cámara mientras lee y con la apoyatura de documentos y filminas, el representante del Ministerio Público Fiscal habló de “licitaciones amañadas”; adjudicaciones “escandalosas” y “degradación de la administración pública”.

Ante el TOF2, todos los imputados que se conectaron al Zoom, incluida Cristina Fernández de Kirchner, Luciani dijo sentir “profunda tristeza” por los presuntos hechos de corrupción ya que, dijo, la “desviación del dinero público va en detrimento de los sectores más vulnerables de la población”.

El fiscal se refirió a una “poderosa estructura que se enquistó cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación” y afirmó que “los pasos fueron perfectamente orquestados”. Habló de adjudicaciones “escandalosas” y un “auténtico y eficaz sistema de corrupción”.

Para sostener la acusación de asociación ilícita, se refirió a una presunta “división de roles” para cometer el delito y que hubo una “perpetuación en el tiempo” del mismo.

Según afirmó, “el objetivo fue eliminar la competencia entre oferentes para beneficiar a Lázaro Báez ” y “no se trató de prácticas aisladas como nos quiere hacer ver la UIF, sino de hechos gravísimos que se perpetuaron en el tiempo”

“Como un parásito, la corrupción se instaló en distintos organismos del Estado”, lanzó Luciani con elevado tono de voz.

Según afirmó, hubo una “detracción de fondos del Estado para beneficios de un tercero”. En ese sentido recordó que “Lázaro Báez en 2003 aportaba a la AFIP como monotributista y que, a pesar de que “no tenía ninguna experiencia en obra vial, de la noche a la mañana” se lo “convirtió en empresario”, al “amigo de Néstor y Cristina Kirchner”.

Habló de un “modelo ilegal” que “se enquistó durante doce años” en forma “endémica”, sin controles “serios”.

“No se trató de algún funcionario infiel, como die la UIF”, aseguró Luciani, sino que dijo que fueron 51 obras en total. La incógnita, por el momento, es cómo probará que efectivamente se amañaron esa cantidad de adjudicaciones, teniendo en cuenta que solo se peritaron tres de ellas.

La fiscalía dijo también que hubo “desinversión” debido a que una “inmensa cantidad de obras no se terminaron”.

Pidiendo por momentos especial atención a algunos de los pasajes de su alegato, Luciani dijo: “hemos analizado todos los expedientes. Esos expedientes no solo hablan, gritan. Las licitaciones estaban direccionadas. Y lo vamos a probar”, prometió.

Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta

Fuente: ambito.com