La Justicia de Uruguay ordenó la suspensión inmediata de la vacunación anticovid en menores de 13 años, después de admitir un recurso de amparo basado en posiciones del movimiento antivacunas, en un fallo que será apelado por el Ministerio de Salud.

El fallo fue ordenado por el juez Alejandro Recarey, quien asumió como suplente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo durante la feria judicial, en respuesta a un amparo presentado el viernes pasado por el abogado Maximiliano Dentone.

Recarey activó esta resolución hasta tanto “se publiquen íntegros (…) todos los contratos de compra de estas vacunas”, se comunique “la composición de las sustancias a inocular” y “se elabore un texto – a suministrar a los responsables de los menores de edad- que informe completamente y con claridad” varios puntos, informó el diario uruguayo El País.

El texto debería incluir “la composición” de las sustancias inyectables, enumerar “los beneficios que conlleva la vacuna (…) así como los riesgos que tenga” debe aclarar que la sustancia a inyectar “tiene solo autorización de emergencia y no definitiva” y debe detallar “los efectos adversos ya detectados”.

El magistrado había convocado a las autoridades y a la farmacéutica Pfizer, cuya vacuna es la que se aplica a menores en Uruguay, para exigir información detallada de las inmunizaciones administradas durante la pandemia y de los contratos firmados.

El Gobierno había alertado ayer que la demanda no estaba bien formulada, porque no incluía un reclamo concreto para que se suspenda la inoculación pediátrica.

Sin embargo, Recarey le dio la derecha al demandante y no al Gobierno asegurando que “si bien es cierto que en la formulación literal del petitorio contenido en la demanda no figura la pretensión, esta sí está claramente plasmada” en el espíritu de la solicitud.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) va a “acatar” y “apelar” el fallo, aseguró el subsecretario del ministerio, José Luis Satdjian, citado por el diario El Observador.

“El Ministerio de Salud Pública reitera que cada una de las decisiones tomadas respecto a la vacunación del Plan Nacional de Coronavirus fueron basadas en la evidencia científica disponible, amparadas en idoneidad, experiencia y trayectoria de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, el grupo ad-hoc, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y la comunidad científica, quienes determinaron con base en múltiples estudios que las vacunas administradas son seguras y efectivas”, indicó la cartera en un comunicado.

En las afueras del juzgado un grupo de antivacunas festejó  la resolución entre gritos, abrazos y hasta el canto del himno nacional.

El Gobierno había cuestionado ayer la imparcialidad de Recaray y lo acusó de haber dado opiniones previas “tanto relativizando los efectos y gravedad de la pandemia, como cuestionando el rol de la ciencia”.

Representantes del MSP habían recusado al juez por este motivo y consideraron que al frente de la causa debe haber “un magistrado que no haya emitido juicios de valor previos, que puedan teñir el caso en debate y producir violaciones al debido proceso”.

Además, alegaron que “la vacuna no solo es eficaz, sino también segura, aprobada por el Ministerio de Salud Pública y por las principales agencias sanitarias del mundo”.

“Existe sobrada evidencia científica que demuestra, precisamente, que el plan de vacunación salva vidas, razón por la cual tampoco se cumple el requisito de actualidad e inminencia en la inexistente violación de derechos denunciada”, remarcaron las autoridades sanitarias.

En Uruguay están habilitados para vacunarse los niños a partir de los cinco años.

Fuente: elcomercial.com