La liga de gobernadores se reunirá este viernes en Chaco y tratará, entre otros temas, el pedido de que la administración de los planes sociales sea quitada a los agrupaciones para que el control quede a cargo del Estado. La iniciativa fue una de las exigencias que realizó Cristina Kirchner en el Plenario que encabezó este lunes en Avellaneda. En el gobierno nacional evitan referirse al tema y no adelantan la jugada. La oposición ya presentó pedidos de información para controlarlos. 

Los inconvenientes vinculados a los planes sociales se incrementaron en las últimas semanas luego de que las manifestaciones con cortes de calle en el centro porteño se multiplicaran. Los gobernadores ya habían manifestado su pretensión de administrar los recursos. “Estamos estudiando también alternativas para federalizar las políticas que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno”, afirmaron en la carta de presentación de proyectos que firmaron.

El gobernador de una de las provincias más populosas de la Argentina adelantó a El Destape que el desafío es coordinar cómo sería la nueva administración y destacó que si bien el proyecto aún no tiene mayores detalles, el objetivo es que el control quede en manos de un organismo tripartito entre el gobierno nacional, los provinciales y los municipios. Esto quitaría poder a las organizaciones sociales, pero en principio no reduciría los presupuesto para la asistencia social: esos fondos cambiarían de administración, pero no se recortarán. 

Un gobernador del Noroeste de la Argentina infla el pecho y cuenta a este portal que fueron los mandatarios del Norte los que iniciaron la propuesta para administrar los planes. También piden una distribución equitativa de los subsidios al Transporte. “El objetivo es descentralizar y federalizar, básicamente. Pero sobre todo que los recursos públicos los administre el estado”, destaca. El mensaje es similar al pedido de Cristina Kirchner que solicitó dejar de tercerizar la distribución. 

“Las políticas sociales no pueden seguir tercerizadas”, reclamó Cristina Kirchner en el acto en homenaje a Manuel Belgrano. Luego completó: “Es el Estado el que debe tener el rol y transparentar todo esto frente a la opinión pública. A mí no me gusta que con eso me quieran convencer de que eso es el peronismo, el peronismo es laburo. No es depender de un dirigente barrial para que me den el alta o la baja. Sobre todo las mujeres, que son las más explotadas”. 

Esta semana, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, reconoció que la organización de izquierda retiene el 2% de los 19.000 pesos que cada uno de sus 60.000 beneficiarios reciben del Programa Potenciar Trabajo, aunque aclaró que recaudan “hasta el 2 por ciento pero de forma voluntaria y para sostener los comedores populares”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social no adelantan posturas. Esta semana deben mantener una reunión con los piqueteros y anticiparse puede entorpecer la negociación. Lo cierto es que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, adelantó que no va a haber más altas de planes sociales y en cambio entregarán herramientas para crear empleo. 

El Ministerio de Trabajo tampoco quiere más planes sociales y muestran su postura negativa frente a la posibilidad de que exista un salario básico universal porque consideran que será un desincentivo a la búsqueda laboral en tiempo en los que repunta la demanda. 

Las cifras de los planes sociales

Los últimos datos oficiales publicados por el gobierno nacional muestran que hay 1.044.354 titulares bajo programa Potenciar Trabajo (PT). El 53,2% (534.895) de los titulares se encuentra en la provincia de Buenos Aires, mientras que el segundo distritos con más planes de este tipo es Tucumán con el 5,6%. 

En la actualidad, el pago de Potenciar Trabajo es de $ 19.470. Con el próximo tramo de incremento del 17%, el plan se irá en junio a $ 22.770 y en agosto a $ 23.925. 

La oposición presentó proyectos y pedidos de información 
Desde Exaltación de la Cruz, la líder de la Coalición Cívica -Elisa Carrió- busca anticiparse al gobierno y pidió cuatro informes de acceso a la información pública acerca de la organización de los planes a la Unidad de Información Financiera (UIF); al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); al Ministerio de Desarrollo Social de Nación y a la Oficina Anticorrupción. El objetivo es luego de los informes, presentar un proyecto para quitar la administración de los planes. 

Además, la oposición busca penalizar la protesta social, medida que es reconocida por la Constitución Nacional. Uno de ellos fue propuesto por el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, quien pide que les quiten el plan social a los que corten las calles. 

 Quitarán la ayuda social “en caso de sorprender a representantes o representados de dicha asociación cometiendo un delito deberían retirarle su personería, sobre todo cuando impiden la circulación libre de un ciudadano, derecho garantizado por el Art. 81 de la Constitución Nacional”, indica el proyecto de Milman. 

Fuente: elcomercial.com