El costo de los productos que integran la canasta básica alimentaria (CBA) subió 6,7 % en abril, lo que determinó que una familia tipo, conformada por dos adultos y dos hijos menores, necesitara percibir ingresos por $ 42.527 para no caer en la indigencia, y $ 95.260 para no ser pobre. 

Estos valores superan con creces el actual valor del salario mínimo, vital y móvil, hoy cercano a los $ 39.000, lo que pone presión sobre buena parte de los sectores asalariados informales y que laboran en actividades que no discuten paritarias.

A pesar de la ingente suba del costo de vida, el Gobierno no estima necesario arremeter una suba adicional del haber mínimo, que la semana pasada se decidió actualizar mediante la anticipación de las cuotas del acuerdo suscripto en marzo del corriente año en la mesa tripartita que integran el ministerio de Trabajo, las entidades gremiales empresarias y las principales centrales obreras.

El martes de la semana pasada, el gabinete económico de Alberto Fernández informó que la remuneración básica de un asalariado sin carga familiar y jornada semanal de 40 horas pasará en junio a $ 45.540, en vez de los $ 42.240 originalmente previstos para el sexto mes del año y que, a la luz de la suba de precios, quedó atrasado. 

A partir de agosto, el salario de base tocará los $ 47.850 que se preveía pagar recién en diciembre. Así las cosas, para el octavo mes del año se habrá concretado una mejora del 45% del salario mínimo, muy por detrás de las proyecciones de inflación que los privados estiman en torno al 60 o incluso el 70%.

Aunque la expectativa de los sectores más perjudicados por la erosión del poder adquisitivo era que el ministerio de Trabajo, a cargo de Claudio Moroni, convoque a la brevedad a los 32 integrantes del Consejo del Salario para allí debatir subas que equiparen la recomposición a los niveles que hoy por hoy negocian los principales gremios, en torno al 60%, un alto funcionario del equipo económico del Presidente descartó esa posibilidad y sopesó que toda reconsideración será discutida en agosto, cuando estaba prevista la renegociación de las condiciones.

Fuente: elcomercial.com