A través del Congreso, legisladores del Frente de Todos presentan proyectos que buscan reforzar ingresos, en un contexto de alta inflación. Este martes se presentará un proyecto de ley para alcanzar un salario básico universal para 9 millones de personas. Así, se suma a la iniciativa para que puedan jubilarse sin los aportes obligatorios 800 mil personas y al plan para adelantar el aumento del salario mínimo, que impacta en 1,2 millones de planes sociales. De aprobarse, las iniciativas tendrían un costo fiscal cercano al 1% del PBI.

La semana pasada, legisladores cercanos a la vicepresidente Cristina Kirchner, presentaron dos proyectos para impulsar ingresos. Primero fue el de Máximo Kirchner en el que solicitó al Poder Ejecutivo que “arbitre los medios necesarios” para adelantar el aumento del salario mínimo. En marzo, el consejo del salario, definió un aumento del 45% en cuatro cuotas que finalizan en diciembre, por lo que recién en enero de 2023 llegará a $47.850.

Los legisladores piden al presidente Alberto Fernández que se adelante al primero de julio de este año “para preservar el poder adquisitivo”, debido a que aseguran que la inflación podría ser en diciembre del 66%. Programas como el Potenciar Trabajo se establecen con el 50% del salario mínimo, por lo que la medida tendría un costo fiscal de unos 12 mil millones, 0,02% del PBI, estimó Hernán Letcher, director del Centro CEPA, debido a que lo cobran 1,2 millones de personas.

“Nuestro compromiso como espacio político es proteger el salario”, dicen los fundamentos del proyecto que firman también diputados de origen sindical, entre los que se encuentra Sergio Palazzo, de La Bancaria. Las iniciativas llegan al Congreso en un contexto donde Cristina Kirchner planteó que los bajos salarios son una de las claves de la “insatisfacción democrática”.

Luego, el viernes horas antes del discurso de Cristina Kirchner, senadores cercanos a la vice presentaron un proyecto previsional, para que las personas que no alcancen a cumplir los 30 años de aportes puedan abonar esos períodos faltantes y jubilarse. Consideran que 500 mil personas podrían adherir en 2022 y otras 300 mil en 2023. En la presentación, opinaron que el costo fiscal “es casi nulo”, e informaron que será de 0,02%, según información que les aportó Anses.

La presentación estuvo a cargo de José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Mariano Recalde en el que aseguraron que “a mayor justicia social, mayor paz social”. Otras estimaciones, como la que estableció Letcher, de Cepa, consideran que la medida podría tener un impacto del 0,04% del PBI, de unos $25 mil millones al año, si se jubilaran unas 300 mil personas, al calcular el diferencial si las personas se jubilaran con la Puam (pensión universal al adulto mayor), que es 20% inferior a la mínima.

Carlos Martínez, docente de economía de la seguridad social de la UBA, consideró que el impacto fiscal podría ser mayor, dado que el haber medio de las jubilaciones con moratorias es de casi $35 mil, superior a la mínima. Si se jubilaran las 800 mil personas que podrían hacerlo, el costo fiscal extra estaría durante un año en casi $200 mil millones, aunque a eso debería descontarse la cuota que pagarían todos los meses. Las 3,5 millones de jubilaciones actuales con moratorias equivalen a 2,4 puntos del PBI, según un informe de IDESA.

El proyecto más ambicioso en términos de ingresos es el que se presentará este martes para crear un salario básico universal, que cobren 9 millones de personas, entre desocupados, informales, monotributistas y trabajadores agrarios y de casas particulares. Fue redactado por Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, diputados del Frente Patria Grande, de Juan Grabois. El costo fiscal será de alrededor del 0,9% del PBI, informaron. El pago sería igual al valor de la canasta básica alimentaria y aseguran que permitiría “eliminar la indigencia”. Los beneficiarios deberían cumplir con contraprestaciones, como talleres de formación o desarrollo de actividades comunitarias.

En una entrevista radial, el ministro de Economía, Martín Guzmán, opinó sobre los proyectos. Sobre el salario mínimo, dijo que es una “obviedad” que tienen que adelantarse las cuotas, pero que la discusión se mantendrá dentro del Consejo del Salario, y que la medida urgente que se tomó fue el bono de $18 mil, que reveló que recibirán más de 6 millones de personas. Sobre el proyecto previsional, aseguró que todavía no lo analizaron, y que el Ministerio de Economía no fue consultado. Finalmente, acerca de los planes sociales opinó que no deberían ampliarse en un contexto de caída del desempleo, sino que deberían reconvertirse en “empleo genuino”.

Fuente: ambito.com