Un abogado externo ligado al hoy prófugo de la Justicia argentina Fabián “Pepín” Rodríguez Simón cobró miles de dólares de honorarios de la petrolera estatal YPF por supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento, especialmente por la venta de los activos petroleros de la firma Oil Combustibles que terminaron siendo rematados, se sospecha, a “previo vil”. La confirmación de esta maniobra está siendo analizada por la jueza María Servini pero la documentación aportada ahora por YPF está plagada de faltantes e inconsistencias. Es que quien figura contratando en aquella época al letrado Marcelo Rufino –proveniente del estudio Llerena & Asociados, donde también se desempeñó “Pepín”- es Germán Vito Fernández Lahore, quién logró atravesar exitosamente el cambio de gestión a fines de 2019 y continuó en el estratégico cargo de vicepresidente de Asuntos Jurídicos de YPF. El escándalo no solo gira en torno a la ausencia de precisiones acerca del rol que desempeñó Rufino en distintas negociaciones que entabló en nombre de la petrolera donde Rodríguez Simón era director, sino que salpican el traspaso que firmó YPF con las firmas Delta Patagonia y DAPSA, en el que YPF se obligaba, por contrato, a proveer combustible “de manera exclusiva” para sus estaciones de servicio a un precio que terminaba siendo perjudicial para la petrolera estatal.

La participación de Rufino en las negociaciones desde YPF por los activos de Oil Combustibles cuando ya había sido declarada la quiebra de la petrolera del Grupo Indalo había sido denunciada en el marco de la misma causa en la que Rodríguez Simón acaba de cumplir 500 días como prófugo, con orden de captura internacional. YPF demoró más de 3 meses en aportar la documentación requerida por el Juzgado Federal N°1 de Capital Federal. Cuando lo hizo, omitió gran parte de los informes que se habían solicitado, sobre todo respecto al soporte legal que habrían tenido determinadas decisiones del directorio para liquidar los activos de Oil, y bajo qué modalidad se definieron a los beneficiarios, por ejemplo. Además, tampoco se aportaron 23 facturas de Rufino por las que cobró un total de u$s270.000 y que incluyen reintegros por viajes a Nueva York y Madrid, en supuesta representación de la compañía estatal.

Fechas no coinciden

Pero las inconsistencias más graves de toda la documentación están en las fechas, lo que despertó las sospechas de los investigadores. El Contrato Marco por el que se incorporó a Rufino a YPF data formalmente del 19 de febrero de 2018 y se apoya en una propuesta acercada en mayo de 2017. Fue recién certificada ante escribano público el 31 de julio de 2018 y allí consta que el abogado cercano a “Pepín” prestaba servicios desde diciembre de 2016, sin marco de contratación alguno durante 1 año y 9 meses. Pero así y todo, su primera factura y el alta del contrato por parte de Fernández Lahore data del 23 de agosto de 2016. Dos años antes de haber cumplimentado los trámites de rigor y cuatro meses de la versión inicial sobre su incorporación.

Los u$s100 mil

El Poder general Administrativo y Judicial para que Rufino pudiera actuar extendido por el propio Fernández Lahore está fechado 30 de mayo de 2017. Sin embargo, existen por lo menos 6 facturas previas que totalizan 80 mil dólares cuyo marco de contratación se desconoce, por el período que va entre agosto 2016 y mayo 2017. A Rufino le abonaron esos montos sin tener ni poderes ni funciones reguladas en YPF. No existe tampoco ningún elemento externo (como un correo electrónico, memo interno o acuerdo) que brinde pistas del motivo por el que se le pagó ese dinero. Pero las “curiosidades” no terminan: los documentos de contratación y de propuesta de honorarios que Fernández Lahore le aporto a Servini (en su rol actual) no exhiben ningún tipo de aprobación por parte de YPF. No tienen firma ni responsable a cargo.

La “fachada” con la que Rufino ingresó a cumplir funciones en la petrolera estatal –de acuerdo al contrato sin firmas- estaba supuestamente circunscripto a su “asesoramiento” en los juicios internacionales “Eton Park”, “Petersen”, “Maxus” y la definición de la estrategia legal en el caso “Paz Herrera”. Los primeros dos son reclamos de fondos buitres derivados de la estatización, el tercero un litigio ambiental por una subsidiaria fallida y el último un reclamo cruzado por parte de un abogado y pequeño accionista que acusaba al kirchnerismo de un fraude en presunto acuerdo con los Eskenazi y con Repsol. Ninguno de estos casos estaba ligado con la situación de la petrolera Oil. Pero Rufino había pactado cobrar 170 dólares la hora más un bono mensual de u$s20.000, sumado a otro premio según resultado de los juicios internacionales. Pero en ningún documento se menciona que el abogado allegado a Rodríguez Simón iba a actuar en la adquisición de los activos de Oil, a través de YPF. Su participación se revela por dos facturas presentadas por 50 mil dólares cada una por hacerse de los restos de la petrolera de Indalo. Es más, expresamente estaba prohibido en el Contrato Marco que Rufino facture otro tipo de servicios que no estuvieran contemplados sin regirse por las pautas de un acuerdo realizado por escrito.

En la nómina de irregularidades se destaca que no solo existe una factura de u$s13.600 de agosto 2016, sino que la primera factura de Rufino por la adquisición de los activos de Oil (así se detalla en la misma) por u$s50.000 fue emitida el 28/6/2018 y pagada el 25 de julio de ese año. El Comité de Inversiones de YPF que debía aprobar la adquisición de los activos de Oil recién lo hizo en agosto de 2018. Un mes antes, Rufino había cobrado por una gestión que no estaba entre sus funciones (y por la que específicamente no podría haber percibido nada de la petrolera estatal que no estuviera detallado en su contrato) y que, en la práctica, no se había ocurrido todavía.

“Colegas”. Fabián “Pepín” Rodríguez Simón de desempeñó en el estudio Llerena desde donde “trajo” a Marcelo Rufino a YPF, el misterioso abogado encargado de asuntos sensibles para la petrolera, incluido Oil Combustibles.

Fuente: ambito.com