El alza de alimentos frescos y la disparada de los commodities producto de la guerra implicarán una inflación en alimentos de casi el 20% durante el primer trimestre del año. Anunciadas ya medidas para contener los valores de algunos alimentos, el Gobierno por ahora descarta nuevas disposiciones relacionadas a precios y pone el foco en los ingresos.

Tras el anuncio de un bono para jubilados, analizan subir la Tarjeta Alimentar y adelantar las cuotas del aumento del salario mínimo. La idea de un bono por decreto para los trabajadores registrados de momento fue rechazada, ante la postura del equipo económico de fomentar las paritarias con reaperturas.

Por ahora, no habrá más medidas para contener los precios, a las ya anunciadas. Establecido el fondo para fijarle el precio al pan, la harina y los fideos, en abril faltará que se ponga en marcha precios cuidados de cercanía y una canasta de frutas y verduras.

La inflación en alimentos de febrero, de 7,5%, fue la más alta desde 1991 en esta categoría, y marzo podría rondar el 6%, según estimó la economista Eva Sacco. Así, el primer trimestre podría cerrar con una suba de precios de alimentos del 19,5%. La canasta básica alimentaria (CBA), que necesita una familia tipo para no ser indigente, ascendió en marzo a $42.111, según Focus Market. Sacco estima que la CBA acumulará una suba del 20,3% en marzo.

Alberto Fernández volvió a hablar de la inflación global: “Hoy me desperté a las 7 con un mensaje del ministro Martín Guzmán en el que me decía que Alemania anunció que en marzo la inflación fue del 2%. Y le contesté, ‘no te inquietes, España dijo que fue del 3%’”.

Ante este panorama, el Gobierno “recalibra” y buscará poner el foco en los ingresos. En cuanto a medidas de precios, no habrá aumentos de retenciones para los granos como pedía una parte de la coalición. El Gobierno necesita pasar por el Congreso, y asegura que no tiene mayoría, la oposición no acompañará, y consideran que tampoco lo harán legisladores del Frente de Todos de provincias como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

En cuanto a políticas de ingresos, la primera fue en marzo de un bono de $6000 a los planes Potenciar Trabajo. En abril, habrá un bono a jubilados de la mínima de $6000, según confirmó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. También en abril se aplicará el primer aumento para el salario mínimo del 18%, que impacta directamente en los programas laborales. El último tramo de la suba será en diciembre, aunque podría adelantarse, como ocurrió en 2021.

Por estas horas, el Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Juan Zabaleta, analiza un incremento para la política alimentaria. “El Ministerio trabaja con los equipos técnicos para analizar una actualización. La preocupación del gobierno con la inflación está, y también la ocupación”, afirmó Gustavo Aguilera, secretario de Articulación de Política Social.

Por ahora, está descartada la ampliación de la cobertura del plan Potenciar Trabajo, que llega a 1,3 millones de personas. En la actualidad, con el Potenciar Trabajo un persona cobra $16.500, sin ninguna condicionalidad. En el caso de la Alimentar, varía según la cantidad de hijos: $6000 con uno, $9000 con dos y $12.000 con tres o más, un montó que hace un año no se actualiza. Ambas políticas implican el 90% del total del gasto del Ministerio de Desarrollo Social.

Para las políticas alimentarias, que también incluyen el envío de alimentos a comedores y escuelas, la cartera de Zabaleta gastó en el primer trimestre $63.368 millones, el 50% del total del gasto, mientras que en acciones de inclusión socio productiva ejecutó $49.564 millones, el 40% del total del gasto, según los datos de presupuesto abierto. En todo 2021, los gastos en programas sociales ascendieron a $842.149 millones, equivalente al 1% del PBI, según la OPC.

Los últimos datos publicados de pobreza dieron cuenta que en 2021 salieron de la pobreza casi 2 millones de personas en todo el país, pero las consultoras anticipan que la situación podría volver a deteriorarse ante la escalada en los precios de alimentos. Según un cálculo realizado por la consultora LCG, el costo de erradicar la indigencia es de 0,2% del PBI. Los ingresos de un hogar indigente fueron de $20.600, contra una canasta promedio de $31.800 al mes. Con 959 mil hogares en todo el país que no cubren sus necesidades básicas alimentarias, el costo estatal de erradicar la indigencia sería de $128.000 millones al año.

Martín Guzmán, junto a Claudio Moroni y Matías Kulfas.

Fuente: ambito.com