Entre la Argentina y los Estados Unidos las cosas no marchan bien. Al menos en cuanto al apoyo que se necesita del principal accionista del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en algún beneficio extra por fuera de los clásicos Facilidades Extendidas.

El dato clave para adelantar que la posición de los representantes de EE.UU. ante el board del organismo será duro, surge de un movimiento de fines de diciembre pasado; pero que en estas horas trascendió en Buenos Aires. Ese país votó en contra de las conclusiones a las que llegó el informe crítico sobre el otorgamiento en 2018 del stand by record al gobierno de Mauricio Macri por unos u$s57.000 millones, al momento de ser presentado en sociedad en Washington el 22 de diciembre pasado.

Ese día, los integrantes del board recibieron el dosier firmado por el economista noruego Odd Per Back, responsable de la investigación sobre el origen y las consecuencias de la aprobación y ejecución del crédito; donde se menciona también la larga historia de fracasos en las líneas de préstamos entre Argentina y el FMI.

Al finalizar la exposición, la representación de los Estados Unidos ante el board (donde detenta casi el 18% de los votos), fue la única en cuestionarlo y defendió la legalidad “absoluta” del paquete de ayuda al país; mencionando que avanzó en 2018 y 2019 dentro de los conductos del FMI, con todas las legalidades necesarias. Y que si bien se trató de un programa, obviamente, fallido, esto se debió exclusivamente a las cuestiones internas de Argentina y no a las fallas en el diseño y aprobación del préstamo.

Si bien la “Evaluación Ex-Post” dirigida y redactada por Per Beck apunta a críticas técnicas y ejecutivas pero no legales o institucionales (en definitiva el noruego es un hombre que llegó al FMI de la mano de Christine Lagarde, quien lo nombró como el mayor responsable de los casos asiáticos); muchos ven en la avanzada de los Estados Unidos sobre el planteo final el intento de dejar claro dentro de la conducción del FMI, que el problema no fue el apoyo desde Washington sino las políticas aplicadas en Buenos Aires. Y el clima electoral de fines de 2019. Nadie lo mencionó en la presentación del 22 de diciembre (ni figura en el informe ni se habló en el directorio), pero la aprobación de la alteración de la Carta Orgánica del FMI hacia mediados de 2019, que le permitió al gobierno de Mauricio Macri utilizar dólares del crédito para ejecutar política cambiaria directa (y no destinar los fondos a pagar vencimientos de deuda); fue fruto de la presión particular del gobierno de Donald Trump al board.

Fue a través de un llamado directo que le hizo el entonces secretario del Tesoro norteamericano Steve Mnuchin al número dos del FMI de esos tiempos, David Lipton; para que ejecutara la orden proveniente de la Casa Blanca. Lo notable es que Lipton se negó durante largas jornadas de discusión a aceptar la presión, criticando abiertamente cualquier alteración del estatuto del FMI; y menos con la Argentina, país que ya presentaba serios problemas para cumplir con lo firmado. La presión desde la administración Trump fue más fuerte y el directorio terminó aprobando el free pass para que la gestión Macri pudiera usar dólares por fuera de los lineamientos originales.

Pero luego Argentina tuvo mala suerte. Las movidas de eyección de los directivos del FMI con la llegada de Kristalina Georgieva, hicieron que Lipton debiera dejar su puesto en febrero del 2020 en manos de su compatriota republicano y ex hombre de la administración Trump, Seiji Okamoto, ya que siempre el puesto número dos pertenece a EE.UU. y en general no hay mayores controversias a lo que se proponga desde la Casa Blanca.

Lipton parecía tener un regreso a las huestes de Wall Street donde se formó y trabajó por décadas. Sin embargo fue llamado por Janet Yellen para continuar trabajando en Washington, en este caso como asesor directo de la Secretaría del Tesoro en temas vinculados a la presencia de los Estados Unidos en los organismos financieros internacionales, incluyendo el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Club de París.

Todos acreedores a los que el país les debe miles de millones de dólares de manera combinada. Aparentemente, y luego de un comienzo de relación con los negociadores argentinos del gobierno de Alberto Fernández algo auspicioso; en los últimos meses quedó en claro que tanto Okamoto como Lipton representan la línea dura contra la Argentina; y encabezan la exigencia de metas duras a los delegados de Martín Guzmán para avanzar en un acuerdo final.

Fuente: ambito.com