A última hora de la noche, y después de que se conociera el resultado de las elecciones legislativas 2021, el presidente Alberto Fernández difundió un mensaje grabado. Allí confirmó que en los próximos días convocará a la oposición para consensuar una agenda de trabajo. En la misma línea hizo un anuncio sorpresivo: que en la primera semana de diciembre enviará al Congreso un proyecto de ley que tendrá un programa económico plurianual, que contará con un detalle con referencia a los niveles de emisión, inflación, actividad económica y gasto público, entre otros datos, previsto para los próximos años.

Lo anunciado por el mandatario se relaciona en forma directa con los trascendidos previos a la jornada, donde el staff del FMI le habría solicitado al Gobierno una hoja de ruta fiscal y económica, pero, sobre todo, un compromiso de legisladores, fuerzas políticas y de parte del empresariado y conducción sindical avalando dicho derrotero.

Según pudo confirmar Ámbito, y tal como lo anticipó Alberto Fernández, esa iniciativa contaría ya con el aval de todos los socios del Frente de Todos, incluido el propio kirchnerismo. De esta manera, el Gobierno da una señal contundente sobre la posibilidad de reencausar las conversaciones con el FMI que lo depositen en un acuerdo para no caer en el default. Al mismo tiempo, le devuelve protagonismo a la discusión por el presupuesto 2022, que en forma obligada deberá conciliar las metas de carácter económico con las presentadas ante el FMI.

Para apuntalar esta discusión, el Gobierno no sólo utilizará el Congreso Nacional. También habilitará, como anticipó Ámbito y señaló esta noche el propio presidente, el Consejo Económico y Social que conduce el secretario Gustavo Béliz.

Los argentinos sufren la fractura social más importante de los últimos lustros. Inflación, dólar, empleo, salario, poder adquisitivo, productividad, puja distributiva son sólo algunos de los temas pendientes que no han encontrado aún una respuesta. Para rubricar esta terrible realidad están los datos de pobreza e indigencia. Los desafíos económicos que se inscriben para el presidente Alberto Fernández parecen estar claros.

El Gobierno quiere retomar una agenda con temas de economía y sociedad, dos pendientes mucho más urgentes que hace unos años por el impacto de la pandemia. Deberá interpelar, resultado de elección mediante, a todas las figuras de su coalición, sopesar el apoyo con el que cuenta. Pero también deberá buscar aliados en otros espacios. Para ello, Béliz tiene una función vital: nada más y nada menos que convertirse en el anfitrión de las principales discusiones que buscarán consenso. Podrá utilizar el Consejo.

El próximo miércoles, el día de la militancia, habrá, en principio, movilización y apoyos varios a la figura presidencial y al elenco, y en su figura, dicen, un nuevo voto de confianza a la coalición que es el Frente de Todos. Esa fecha gatilla la conmemoración del retorno de Juan Domingo Perón al país después de casi 20 años en el exilio. Estará la cúpula de la flamante CGT, los sindicatos peronistas, los movimientos sociales. El jefe de Gabinete Juan Manzur seguramente logrará enhebrar el apoyo de los gobernadores (exceptuando a los del peronismo sojero). También se busca, aunque aún no hay certezas en la Casa Rosada, que toda La Cámpora pueda confluir en el acto.

Hay algunas señales que ya pueden avizorarse. Fue Sergio Massa el que evidenció un punto de inflexión en la relación de los socios del Frente de Todos cuando hace unos días convocó a todos los sectores políticos, económicos y sociales para el 15N, el día después de las elecciones. Desde hoy, la convocatoria incluiría a todos los partidos de la oposición, empresarios, sindicatos y organizaciones.

El Gobierno también se ilusiona con el peso relativo que puedan aportarle los dirigentes empresarios, algo que también le pide el FMI. Algunos que ya están en la lista, como Daniel Herrero, de Toyota, Antonio Aracre de Syngenta, Sergio Kaufman de Accenture y Laura Barnator de Unilever. Pero también el ex titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo; el Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló; el Presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; el integrante de la flamante conducción de la CGT, Carlos Acuña; el Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Alberto Barbieri; el Secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Esteban “Gringo” Castro; el Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech; y el Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky. Y hay más.

Con todo, el gran desafío será “meter” en esa agenda las cuestiones que urgen a los argentinos: la creación de puestos de trabajo, el freno de la erosión del poder adquisitivo, el lanzamiento de un plan integral exportador que pueda generar divisas, retomar un diálogo fluido con todo el sector agropecuario. Y hay dos más: consensuar una posición única para retomar la negociación con el FMI y encaminar la política cambiaria que no para de darle urgencias al Gobierno. En rigor, el desafío será ponerse en la piel del argentino promedio, que atravesó cuatro años de políticas económicas erradas en el desvarío de Cambiemos en el poder y dos años de pandemia que profundizaron esos desequilibrios, en medio de la fractura social más relevante de las últimas décadas.

Es cierto que los indicadores macro están en su mejor momento: la actividad, la producción industrial, los registros de exportación del sector del agro, todos mejoran los números de 2019. Pero no es menos cierto que esos números aún no pueden torcer lo que dejó la pandemia macrista y la otra pandemia, la del Covid-19.

Hay que mirar la microeconomía. A priori, el presidente y su ministro, Martín Guzmán ya adelantaron la última semana a empresarios que no habrá devaluación pura y dura, aunque es probable que hay pequeños saltos devaluatorios a un ritmo mayor al que corre la inflación, es decir, crawling peg para que el desequilibrio cambiario no haga apilar restricciones que después son complejas de desarmar. Han señalado que habrá disciplina fiscal, pero que de ninguna manera se puede implantar de la noche a la mañana y menos después de una pandemia con un costo para los sectores de menores ingresos por el menor gasto público. En síntesis, los datos que negocia Guzmán con el FMI son los que propone el presupuesto que espera en el Congreso y que también formarán parte del plan plurianual.

Para esto, el presidente extenderá las sesiones ordinarias hasta el 10 de diciembre, ya que quiere porfiar en la aprobación de leyes antes que ese día se renueve la mitad de Diputados y un tercio del Senado. Hay que recordar que en el presupuesto Guzmán pautó una inflación en 29%, pero el incremento del costo de vida podría dejarlo en evidencia. Pero si de evidencias se trata, ninguna como que para 2022, no figura en el presupuesto la devolución, hasta ahora comprometida, de casi u$s 18.000 M con el FMI, como tampoco figuran los más de U$S 2000 M que se le adeudan al Club de París. Dicho en criollo, en Economía creen que de una manera o de otra ese dinero comenzará a repagarse desde 2024 en adelante.

Fuente: ambito.com