Un estudio realizado en el estado de Amazonas con proxalutamida, un fármaco experimental contra el cáncer que pudo causar la muerte de 200 personas al ser utilizado para tratar a pacientes con covid-19, está estos días en el centro de la polémica en Brasil.

La Comisión Nacional de Ética e Investigación (Conep), responsable de regular la participación de seres humanos en pruebas científicas, pidió el mes pasado a la Procuraduría General de la República que indagara sobre el estudio.

En el informe, que fue aprobado por unanimidad por el plenario de la comisión y la directora del Consejo Nacional de Salud, la Conep destacó que hubo “una alta tasa de eventos adversos graves” durante la investigación.

El caso se tramita ahora bajo secreto de sumario, pero adquirió relevancia cuando la Unesco publicó una nota el fin de semana, en la que consideró que si la denuncia de los fallecimientos se confirma supondría “una violación de los derechos humanos y una de las infracciones éticas más graves y serias de la historia de América Latina”. 

El mensaje de la Unesco fue divulgado por la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, que después eliminó sin explicaciones la publicación. 

“Es éticamente y legalmente reprobable, como se indica en el informe de la Conep, que los investigadores oculten y alteren indebidamente información sobre centros de investigación, participantes, número de voluntarios y criterios de inclusión, pacientes fallecidos, entre otros”, destacó. 

La Unesco consideró “muy grave la sospecha de que el comité de investigación científica fue coordinado por personas vinculadas a los patrocinadores del estudio, lo que constituiría un claro conflicto de intereses”.

Asimismo, solicitó a la comunidad científica nacional e internacional “monitorear, difundir y dar seguimiento” a la denuncia de la Conep. “Es urgente identificar las causas de las muertes ocurridas durante los estudios. Es inaceptable que este tipo de eventos, de verificarse, estén ocurriendo en el año 2021”, aseveró.

“Inducir a error”

El estudio se realizó bajo el liderazgo del endocrinólogo Flávio Cadegiani y fue patrocinado por la red de hospitales privados Samel. Según al asesoría de prensa de Cadegiani, cuya declaración recogen medios locales, la Unesco fue “inducida a error” por Jorge Venancio, coordinador de la comisión.

Cadegiani consideró que el organismo internacional se guió por “información falsa y distorsionada de la Conep, producto de filtraciones ilegales”. El especialista también negó que fuesen falsificados los certificados de defunción y aseguró que las 200 muertes notificadas no fueron de pacientes que recibieron proxalutamida, sino de aquellos a los que se les suministró placebo y murieron por covid-19.

“El estudio científico siguió todos los principios éticos más estrictos, además de cumplir con todas las formalidades exigidas. Y quienes insisten en que todo esté debidamente verificado y aclarado son los investigadores”, apuntó.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) también suspendió de manera provisional en septiembre el uso de este fármaco en investigaciones científicas en todo el país. 

Fuente: actualidad.rt.com

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