El pasado miércoles, se registró un incendio aparentemente intencional en un tradicional club de la Patagonia argentina, el tercero ocurrido en el último mes en en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, en el marco del conflicto territorial con grupos mapuches, habitantes originarios de la zona. 

La sede del Club Andino Piliquitrón amaneció completamente quemada, y en el lugar se encontró un mensaje que apuntaba a la gobernadora rionegrina Arabela Carreras; al indentente de El Bolsón, Bruno Pogliano; y a dos magnates extranjeros que compraron buena parte del territorio patagónico, Luciano Benetton y Joe Lewis. 

“Benetton, Lewis, Arabela, Pogliano, el agua y la tierra no se venden, se defienden”, rezaba la nota escrita con letras recortadas de revistas. Además, la policía halló en el lugar dos bidones de combustible, según informó el diario local Río Negro. 

Seguridad interior

Frente a este nuevo hecho, la gobernadora Carreras escribió una carta al presidente Alberto Fernández para solicitarle apoyo de las fuerzas federales.

El mandatario respondió expresando su “firme decisión de asistir a esa provincia con efectivos de Gendarmería para patrullar la zona en conflicto” con supuestos activistas de comunidades mapuche, aunque le aclaró que es la Ley de Seguridad Interior “la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”, cuyo caso, advirtió, “no es este ni mucho menos”.

Concretamente, Fernández le dijo a Carreras que, tal como marca la Constitución, la seguridad de cada provincia es responsabilidad de las autoridades locales, aunque envió a unos 100 gendarmes a patrullar la zona de Bariloche y El Bolsón.  

La respuesta del presidente provocó cuestionamientos de la alianza opositora Juntos por el Cambio (macrismo), que ve en los grupos radicales mapuches un supuesto peligro para la propiedad privada.

Un conflicto transnacional en el sur del continente

Lo cierto es que el conflicto territorial existe y desde hace muchos años, no solo en la Patagonia argentina sino también del otro lado de la cordillera de Los Andes, en Chile. Allí, los ataques incendiarios y otra clase de atentados motivaron al gobierno de Sebastián Piñera a declarar el estado de excepción, que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en el territorio. 

Este jueves, senadores nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución para que se convoque a la Cámara alta al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, con el fin de que brinde un informe sobre la situación de conflicto con miembros de la comunidad mapuche en Río Negro.

El senador Pablo Blanco, uno de los firmantes de la iniciativa, consideró que el ministro debe brindar un informe sobre “qué planes tiene en mente para detener el accionar de este grupo terrorista”, en referencia a la supuesta organización extremista denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

“Desde sus inicios la RAM le ha declarado la guerra al Estado argentino y también al chileno en la pretensión de establecer en territorio de ambos países una nación escindida”, consideró el legislador en alusión al conflicto en Río Negro.

Ante los pedidos de intervención nacional, tanto de la oposición como de las autoridades provinciales, el titular de la cartera de Seguridad a nivel nacional aclaró: “No vamos a aplicar ninguna fuerza represiva porque los resultados los hemos visto con Santiago Maldonado”. 

Fernández se refirió con ello al caso del activista de 28 años que, tras participar de una protesta de pueblos originarios en la provincia de Chubut, en 2017, fue perseguido por la Gendarmería y estuvo desaparecido durante 77 días, hasta que su cadáver apareció finalmente en un río. 

La causa contó con el acompañamiento de diversos organismos de derechos humanos, y fue una de las más emblemáticas en lo que respecta a las políticas represivas del Estado durante la gestión de Mauricio Macri. 

Fuente: actualidad.rt.com

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