El papa Francisco cambió una ley clave para criminalizar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes

El papa Francisco cambió la ley eclesiástica para criminalizar de forma explícita los abusos sexuales a adultos por parte de sacerdotes que sacan provecho de su autoridad, y para señalar que los legos que ejercen labores en la Iglesia pueden ser sancionados por delitos sexuales similares.

Las nuevas normas, publicadas el martes tras catorce años de estudio, forman parte de la sección revisada del código penal del Código de Derecho Canónico del Vaticano, el sistema legal que rige a la Iglesia católica de 1.300 millones de miembros.

Los cambios más significativos están en dos artículos, el 1395 y el 1398, que pretenden corregir problemas y déficits en la gestión de abusos sexuales por parte de la Iglesia. La ley reconoce que los adultos también pueden ser víctimas de sacerdotes que abusan de su autoridad, y dicen que los legos que ejercen labores eclesiásticas pueden ser castigados por abusar de menores o adultos.

Este es uno de los siete libros que forman el Código de Derecho Canónico, y su modificación entrará en vigor a partir del próximo 8 de diciembre. ”Para responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia (católica) en todo el mundo resultaba evidente la necesidad de revisar también la disciplina penal promulgada por san Juan Pablo II el 25 de enero de 1983 con el Código de Derecho Canónico”, explicó el pontífice.

El trabajo de revisión se inició en 2007 con el papa emérito Benedicto XVI, y concluye ahora, con un texto que “introduce cambios de diversa índole en el derecho vigente y sanciona algunas nuevas figuras delictivas”, en palabras de Francisco. También se ha mejorado “desde el punto de vista técnico, especialmente en lo que se refiere a aspectos fundamentales del derecho penal, como el derecho de defensa, la prescripción de la acción penal, una determinación más precisa de las penas”.

Ahora se ofrecen “criterios objetivos en la identificación de la pena más adecuada a aplicar en el caso concreto”, reduciendo la discrecionalidad de la autoridad, para favorecer la unidad eclesial en la aplicación de las penas, “especialmente para los delitos que causan mayor daño y escándalo en la comunidad”, añade el Pontífice.

El Vaticano también penalizó el grooming de menores o adultos vulnerables por parte de sacerdotes para incitarlos a participar en material pornográfico. Es la primera vez que el derecho canónico reconoce oficialmente como criminal el método utilizado por agresores sexuales para entablar relaciones con sus víctimas, con regalos y otras distinciones, para luego explotarlos sexualmente.

La reforma también retira buena parte de la capacidad de discreción que permitía a obispos y jerarcas de la Iglesia ignorar o encubrir los abusos, y deja claro que pueden afrontar responsabilidades por omisiones y negligencia a la hora de investigar y sancionar adecuadamente a los sacerdotes implicados en los abusos.

Desde que se redactó el código actual, en 1983, abogados y obispos se han quejado de que era totalmente inadecuado para gestionar los abusos sexuales a menores, ya que requería largos juicios. Las víctimas y sus defensores, por su parte, afirmaban que había demasiado poder de decisión en manos de obispos interesados en proteger a sus sacerdotes.

El Vaticano ha ido haciendo pequeños cambios a lo largo de los años para corregir problemas y lagunas, como requerir que todos los casos se envíen para su revisión a la Santa Sede y permitir un proceso administrativo más ágil para expulsar del sacerdocio a clérigos si la evidencia en su contra es abrumadora.

Francisco aprobó recientemente nuevas normas para castigar a los obispos y superiores religiosos que no protejan a sus feligreses. El nuevo código penal incorpora esos cambios y va más allá. Según la nueva ley, los sacerdotes que mantengan relaciones sexuales con cualquiera -no solo un menor o una persona sin capacidad de razonar- serán expulsados si utilizan “la fuerza, amenazas o abuso de su autoridad” para conseguir esas relaciones.

La ley no define de forma explícita qué adultos estarían incluidos, y sólo menciona a “uno al que la ley reconozca igual protección”.

Hace tiempo que el Vaticano considera una relación sexual entre un sacerdote y un adulto como un pecado, aunque consensuada, bajo la premisa de que los adultos pueden dar o negar su consentimiento únicamente por su edad. Pero en medio del movimiento #MeToo y los escándalos de seminaristas y monjas que sufrieron abusos sexuales de sus superiores, el Vaticano ha asumido que los adultos también pueden ser víctimas si están en una relación con un desequilibrio de poder.

Esa dinámica era muy visible en el escándalo en torno al ex cardenal Theodore McCarrick, ex arzobispo de Washington. Aunque el Vaticano sabía desde hacía años que se acostaba con sus seminaristas, McCarrick no fue juzgado hasta que alguien denunció que el clérigo había abusado de él cuando era joven. Francisco lo expulsó del sacerdocio en 2019.

El cardenal Theodore Edgar McCarrick durante una entrevista con Reuters en el North American College en Roma el 14 de febrero de 2013

En una novedad dirigida a abordar los crímenes sexuales cometidos por legos que ejercen tareas dentro de la Iglesia, como fundadores de movimientos religiosos legos o incluso administradores, la nueva ley indica que los legos pueden ser castigados de forma similar si abusan de su autoridad para cometer crímenes sexuales.

Como los legos no pueden ser expulsados del sacerdocio, se contemplan sanciones como perder sus empleos, multas o ser apartados de sus comunidades.

La necesidad de esa cláusula quedó clara en el escándalo en torno a Luis Figari, el fundador lego del grupo conservador con sede en Perú Sodalitium Christianae Vitae, que tiene 20.000 miembros y delegaciones en toda América del Sur y Estados Unidos.

Una investigación independiente concluyó que el fundador era un narcisista paranoide obsesionado con el sexo y con ver cómo sus seguidores soportaban dolor y humillaciones. Pero el Vaticano dudó durante años sobre cómo sancionarlo, hasta decidir que fuera aparado de su comunidad y trasladado fuera de Perú.

La nueva ley entrará en vigencia el 8 de diciembre.

Fuente: infobae

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