Colapso hospitalario: la justicia, gobernadores y el Congreso buscan tomar la iniciativa

La Justicia, el Congreso y los gobernadores regionales de Brasil dieron diversos pasos en procura de disputar la iniciativa del combate al coronavirus al gobierno federal, en momentos en que se expandía el colapso de la infraestructura hospitalaria y el presidente Jair Bolsonaro mantenía su decisión de no adoptar nuevas medidas preventivas.

El mandatario volvió a ratificar que no decretará cuarentena el mismo día que se conoció que Brasilia y Porto Alegre -dos de las 10 ciudades más pobladas del país- entraron en emergencia hospitalaria y cuando los gobernadores iban a reunirse con el ministro de Salud, general Eduardo Pazuello, para intentar convencerlo de que adopte medidas más restrictivas.

Mientras tanto, el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) ratificó la autonomía de los gobiernos regionales y municipales para adoptar disposiciones sanitarias y una comisión especial del Senado aprobó un plan de trabajo para fiscalizar el proceso de vacunación y escuchar a los gobernadores.

“Algunos quieren que decrete lockdown (cierre total); no lo voy a decretar, con la seguridad de que mi Ejército no irá a las calles a obligar al pueblo a quedarse en su casa” porque “mi Ejército es el Ejército de ustedes”, dijo Bolsonaro esta mañana a simpatizantes en el Palacio de la Alvorada (residencia presidencial).

El mandatario, que la semana pasada llamó “cobardes” y “caprichosos” a quienes usan barbijos y respetan el distanciamiento social, se preguntó “quién obligó a la gente a quedarse en su casa y quién destruye empleos con eso”.

Mientras Bolsonaro ratificaba su política, el gobernador del distrito federal de Brasilia, Ibaneis Rocha (del Movimiento Democrático Brasileño, MDB), decretó un toque de queda de 22 a 5 de la madrugada a partir de este lunes y por dos semanas, después de que la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva en la capital -la cuarta ciudad más poblada de Brasil- llegara a 100% esta madrugada.

Asimismo, en Porto Alegre -décima ciudad con más habitantes-, la ocupación de unidades de cuidados intensivos era de 102% esta tarde, informó la Secretaría de Salud del estado Rio Grande do Sul.

En el estado San Pablo -el más poblado del país-, que por segundo día consecutivo batió este lunes su propio récord de personas hospitalizadas por coronavirus, con 19.049, el Gobierno anunció que habilitará 280 nuevas camas, la mitad de ellas de terapia intensiva, en 11 centros de salud en diversas zonas.

Anoche, el estado occidental Mato Grosso declaró su propio colapso hospitalario e informó en un comunicado que tenía 59 enfermos de coronavirus sin lugar en salas de terapia intensiva y se convirtió en la tercera provincia -luego de Santa Catarina y Minas Gerais- en pedir apoyo para trasladar pacientes por falta de camas.

En ese contexto, la mayoría de los gobernadores estaduales manifestó su adhesión a un “pacto nacional” con el que buscan homogeneizar las medidas de prevención contra la propagación del coronavirus, para lo cual tenían previsto reunirse esta tarde con Pazuello en Río de Janeiro.

“De nada sirve que mi estado haga y otro no; hay que cortar la transmisibilidad a nivel nacional y lo ideal es que, como hacen otros países, el poder central tome las decisiones”, afirmó el gobernador del estado norteño Piauí, Wellington Dias (del Partido de los Trabajadores, PT), líder de la iniciativa.

Por su lado, el STF ratificó, por 10 votos contra uno, la medida cautelar que adoptó el 30 de diciembre y que avaló la autorización dada por el Congreso a los gobiernos federal, estaduales y municipales para adoptar medidas sanitarias para combatir la pandemia.

Además, la corte ratificó -por unanimidad- la vigencia de otra medida cautelar que estableció que la administración federal no puede requisar o confiscar insumos sanitarios pertenecientes a estados o municipios, tal como intentó hacerlo con un lote de agujas y jeringas que había comprado el estado San Pablo.

En tanto, la Comisión Temporaria de Covid-19 del Senado aprobó un plan de trabajo destinado a verificar todas las etapas del proceso de vacunación -autorizaciones, negociaciones, contratos, adquisiciones, distribución, aplicación-, a fin de garantizar la inmunización de toda la población en el menor tiempo posible, informó su relator, Wellington Fagundes, del Partido Liberal (PL).

Bolsonaro llamó “cobardes” y “caprichosos” a quienes usan barbijos y respetan el distanciamiento

Esa comisión tiene previsto escuchar la semana próxima a los gobernadores estaduales y al menos una vez por mes a Pazuello y al ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo Fagundes.

En materia de vacunación, el Gobierno federal anunció un acuerdo para adquirir 14 millones de dosis de la vacuna de los laboratorios estadounidense Pfizer y alemán BioNTech antes de completar la compra de 100 millones de dosis a ese consorcio, con el que el año pasado se negó tres veces a acordar por las condiciones contractuales que imponía.

Además de esos 100 millones con Pfizer/BioNTech, Brasil negocia otros 30 millones de dosis con el laboratorio estadounidense Johnson & Johnson.

Desde el 17 de febrero y hasta ahora se aplicaron en el país unos 10 millones de dosis, 90% de ellas de la vacuna del laboratorio chino Sinovac y el resto, del consorcio británico Oxford/AstraZeneca.

El Gobierno federal acordó la provisión de 100 millones de dosis con cada una de esas empresas.

La vacuna de Sinovac es desarrollada localmente por el Instituto Butantan, en San Pablo, mientras la de AstraZeneca es envasada por el laboratorio federal de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), que anunció que ya comenzó su producción a gran escala y prometió entregar al Ministerio de Salud 3,8 millones de dosis antes de fin de este mes.

Paralelamente, el canciller Ernesto Araújo anunció en Israel un acuerdo entre el Gobierno federal -a través de la Red de Virus del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovaciones- y el Instituto de Ciencia Weizman israelí para cooperar en la investigación del coronavirus.

Fuente: telam.com

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