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Paul Volcker explica que “…solamente una primera derivada (inflación) del nivel general de precios igual a 0 garantiza que la segunda derivada (aceleración) también sea 0”. Traducción: solamente una inflación de 0 (cercana a 0) garantiza que la inflación no se acelere. En otras palabras, una inflación alejada de 0 garantiza aceleración inflacionaria y más inflación. Argentina lo avala: la inflación pasó de +7,3% (2003/2006); a +20,7% (2007/2010); +28,6% (2011/2014) y +35,2% (2015/2018) promedio anual. En 2018/2019 trepa hasta +58,6% anual.

La inflación imposibilita el cálculo económico en general y de los retornos en particular, lo cual atenta contra la inversión, acumulación de capital y el crecimiento económico, es decir, contra el bienestar y la prosperidad. Hay un estudio del Banco Mundial que afirma que cada vez que la inflación supera el 20% anual se pierde -1,58% de crecimiento. Argentina avala con creces esta última relación negativa. Teníamos el quinto PBI per cápita del mundo. Luego de 73 años de BCRA nac&pop y alta inflación, tenemos el PBI per cápita 70 en la tabla de posiciones.

Además, la inflación es una estafa moral. El BCRA falsifica dinero (sin respaldo) para cobrarnos impuesto inflacionario, que es el peor impuesto de todos, porque no se puede evadir, lo cual lo convierte en el instrumento de coacción más perfecto que tiene la casta política para apoderarse de parte de nuestra propiedad privada (poder adquisitivo). Segundo, porque afecta más fuertemente a los más pobres, y los multiplica. Tercero, la inflación distribuye ingresos desde los privados (les “quita”) hacia los políticos (les “da”).

La teoría económica que explica que la inflación es siempre un fenómeno monetario ha desarrollado tres opciones para bajar la inflación: 1) control de tipo de cambio; 2) control de tasa; y 3) control cantidad de dinero. Ninguna de las tres puede tener éxito en Argentina.

Control del tipo de cambio: en el largo plazo hay una relación que se llama PPP (paridad del poder adquisitivo), que sostiene que “los precios locales vienen dados por los precios locales multiplicados por el tipo de cambio”. En este contexto, anclando el tipo de cambio se “pisa” la inflación. El tipo de cambio fijo baja rápidamente la inflación, pero la economía queda expuesta a shocks internacionales. No parece la mejor opción por dos motivos. Primero, el contexto internacional se volvería más volátil durante los próximos años. Segundo, el tipo de cambio fijo tendría baja credibilidad, ergo, la estabilidad sería efímera.

Control de la tasa de interés: este sistema es inconsistente porque la tasa de interés no se determina en el mercado monetario; en consecuencia, la tasa de interés no puede servir para controlar la variación del poder adquisitivo del dinero (inflación), que sí se determina en el mercado de dinero. Es por esto que el control de la tasa de interés sólo puede funcionar a bajos niveles de inflación, muchos más bajos que los que tiene Argentina. De hecho, los países emergentes que aplicaron exitosamente el sistema de metas de inflación “arrancaron” con una inflación promedio de 14% anual y la bajaron -2,5% (promedio) por año; otro lujo gradualista que Argentina no puede darse.

Control de Agregados Monetarios: anclar la cantidad de dinero ancla las expectativas de inflación, el poder adquisitivo del dinero, y así termina anclando la inflación. Sin embargo, este sistema no puede funcionar ni cuando hay Leliq y pases netos por un equivalente a la base monetaria, ni cuando hay un Banco Central quebrado, dos fenómenos que enfrenta el BCRA. Las Leliq son promesa de más emisión y más inflación a futuro. Un BCRA quebrado es promesa certera de más devaluación y convalidación monetaria (inflación) a futuro. Además, cuando la inflación está alimentada principalmente por el repudio al dinero, la buena política de oferta monetaria no arregla los problemas.

En este marco, está claro que Argentina debe aplicar “otra” solución monetaria para bajar la inflación. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene el punto de partida que sí tuvieron otros países. Los otros países tienen demanda de dinero. El dinero es medio general de intercambio (demanda para transacciones) y reserva de valor (demanda para ahorrar). Por el contrario, en Argentina el peso no es reserva de valor, ni medio general de intercambio voluntario. Los argentinos repudiamos el peso y elegimos al dólar.

En este marco, la demanda de dinero argentina es la más débil y volátil del mundo. Cada vez que los argentinos ahorramos en dólares, cae la demanda de dinero por motivo ahorro y se gatilla un salto instantáneo de tipo de cambio y de tasa de interés para equilibrar el mercado cambiario. Las subas del dólar y de la tasa de interés derrumban la demanda de dinero por motivo transacción, generando mayor caída de demanda de dinero total y convalidación monetaria (por exceso de pesos), que da lugar a una pérdida sostenida del poder adquisitivo del dinero (inflación). Nada de esto sucede en los otros países.

En este marco, para bajar exitosamente la inflación, los otros países sólo necesitaban poner la oferta monetaria en “raya”, alineándola con su demanda de dinero. Por el contrario, en Argentina (sin demanda de dinero) no hay manera que el BCRA haga converger oferta y demanda de pesos. No hay chance que el BCRA (con el peso) pueda aplicar una política monetaria activa desinflacionaria exitosa. El BCRA no tiene control sobre el principal problema: la falta de demanda de dinero. El sistema monetario argentino, con BCRA y peso, es dinámicamente explosivo. Sin demanda de dinero, no hay moneda; y sin moneda la economía (la gente) no puede crecer (prosperar). En este sentido, se necesita una política monetaria de shock que instituya una moneda que los agentes económicos deseen demandar. Está claro que no será ningún signo monetario emitido por el BCRA. Ya llevamos seis.

Hay que cerrar el BCRA, dejar de tener política monetaria y peso. Esta política requiere crear un sistema bancario anticorridas, como el desarrollado en la década del 30 en la Universidad de Chicago (Banca Simon). Un almacén de valor en el cual los depósitos a la vista están encajados 100%. Esto impide que la intermediación financiera cree dinero y ahorro artificial (sin respaldo), evitando generar booms artificiales seguidos de inexorables recesiones. Segundo, una banca de inversión en el cual se gana tasa de interés, pero al no haber prestamista de última instancia (sin BCRA), el inversor que elige mal pierde, pero sin perjudicar al resto. Luego de esta reforma bancaria, se establece la libre competencia de monedas.

De acuerdo con nuestro análisis y a la luz de los hechos, los argentinos escogerían espontáneamente el dólar. Se liquidarían los activos y pasivos del BCRA, y la economía argentina quedaría dolarizada de hecho, lo cual sería un verdadero trampolín para un boom de crédito, inversión y crecimiento en nuestro país. Si la reforma bancaria y el cierre del BCRA son acompañados con reformas estructurales que apuntalen la posibilidad de hacer negocios para el sector privado, una considerable porción del ahorro argentino fuera del sistema (u$s400.000) se volcaría a nuestra economía. Habría un aumento genuino del ahorro que desplomaría la tasa de interés, lo cual estimularía el crédito, la inversión, acumulación de capital y el crecimiento económico. Argentina reiniciaría el camino hacia la prosperidad perdido hace casi ya 100 años.

Fuente: ámbito.com

Tras el feriado y el debate de los candidatos a presidente, el mercado local inició la semana con caídas generalizadas ante reacomodamientos de precios, una jornada después de los fuertes retrocesos de los ADRs argentinos en la plaza de Nueva York ocurridos en la víspera.

En ese marco, el S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) bajó un 1,5%, a 31.333,68 unidades. La marcha negativa del mercado fue liderada por las sociedades de mayor liquidez del segmento energético.

Así, las caídas más importantes las anotaron las acciones de Edenor (-4,8%); de Cresud (-3,6%), y de Central Puerto (-3,3%).

El volumen operado en papeles privados fue de $800 millones, de los cuales el 40% correspondió solo a la acción ordinaria de Petrobras Brasil (+1,6%) y a su cedear (que conviven hasta el próximo 4 de noviembre).

“La tendencia para el comienzo de la semana no fue favorable en el marco de caídas de entre 2% y 5% para los ADRs argentinos el lunes en Wall Street”, dijo la correduría Portfolio Personal Inversiones.

Así y todo, bien pudo considerarse una jornada aceptable, comentaron en el mercado. Es que la fuerte baja del lunes en los ADR preanunciaban una Bolsa muy ofrecida este lunes. Sin embargo, “la plaza estuvo peleada por momentos, especialmente en las últimas dos horas de cotización”, remarcaron operadores.

Informate más: El dólar subió a $60,43 pese a ventas del Banco Central ante la escasez de oferta

La incertidumbre política, de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán a fines de este mes, induce a una constante presión sobre el tipo de cambio, en medio de una creciente recesión con muy alta inflación, más desempleo y pobreza, que llevó al FMI a estimar una caída del PBI en el orden del 3,1% para 2019.

Riesgo país argentino y bonos

El riesgo país argentino, elaborado por el banco JP.Morgan, subió 37 unidades (2%) a 1.931 puntos básicos, al tiempo que los bonos en dólares cerraron con marcada tendencia negativas, tras rebotar hasta más de 10% la semana pasada.

Entre los títulos dolarizados (cotizantes en pesos) más operados, el Bonar 2020 (A020) cedió un 3,4%; el Bonar 2024 (AY24) cayó un 2,4%; y el Discount con legislación local (DICA) perdió un 2,2%. Por su parte, los bonos nominados en moneda dura se hundieron hasta 4%.

Fuente: ámbito.com

La Comisión de Legislación General, que había sido citada hoy a las 17, para debatir una serie de proyectos sobre ley de alquileres, fracasó transcurrida la media hora al no poder reunir el quórum, ni el tercio de los legisladores necesarios para iniciar el debate en minoría, en medio del clima electoral.

“Vamos a seguir trabajándolo, seguramente vamos a volver a convocar y creo va a haber dictamen. No se nos escapa que la semana que viene hay elecciones. Vamos a tratar de llevarlo al recinto antes de que haya recambio legislativo”, sostuvo el diputado del PRO, Daniel Lipovetzky, quien había convocado a la cita.

A la reunión bajaron además de Lipovetzky, nueve diputados -con una clara ausencia del PRO-: Felipe Solá, Adrián Grana, Vanesa Siley, Guillermo Carmona y Martín Doñate –del Frente para la Victoria y aliados- y Carla Carrizo, Brenda Austin, Mario Arce, y Luis Petri –del radicalismo-.

También se hicieron presentes el titular del FpV, Agustín Rossi -que si bien no integra la comisión es autor de uno de los proyectos- y la legisladora del Movimiento Evita, Araceli Ferreyra.

“Los alquileres es un tema difícil. Hemos dado el primer paso, por algo hace 30 años que no hay una modificación, a pesar de que hay 8 millones de argentinos que están vinculados a un contrato de alquiler. Este proyecto despierta posiciones encontradas, que incluso se dan al interior de los mismos bloques”, continuó Lipovetzky.

Hoy iban a ponerse a consideración cuatro proyectos que introducen modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación. El texto que había anunciado el Gobierno a fines de septiembre pasado, finalmente no fue enviado al Congreso.

Las distintas iniciativas, que buscaban consensuarse, llevan las firmas de Lipovetzky; Agustín Rossi y otros miembros del FpV; Felipe Solá, de Red por Argentina y otros legisladores del Movimiento Evita y Silvia Horne, del FpV.

Por su parte, Solá sostuvo ante la prensa: “Esta ley tenía dictamen el año pasado y el Presidente la sacó del listado de extraordinarias contra nuestra voluntad y entonces se cayó. Ahora, no la está reimpulsando Macri, la está reimpulsando el diputado Lipovetzky que tomó conciencia de su importancia”.

<img src="https://media.ambito.com/adjuntos/239/imagenes/037/065/0037065509.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt="<p>Daniel Lipovetzky, Adrián Grana y Felipe Solá. 

“Esperemos que se pueda volver a llamar a comisión después del 27 de octubre y que tengamos sesión antes del 10 de diciembre, donde saquemos esta y otras leyes que están esperando”, indicó.

De la reunión, también participaron diferentes actores interesados: inquilinos –quienes se manifestaron a favor de los proyectos de ley- y corredores inmobiliarios y representantes de propietarios, que mostraron su descontento con varios puntos del articulado.

“Los tres proyectos que se iban a poner en debate son muy parecidos. Nosotros confiábamos en que nos íbamos a poder poner de acuerdo acá. Lo que pasa es que el Ejecutivo es el que no quiere que haya ningún tipo de ley de alquileres. Esto es lo que demostraron en todos estos meses, sino hoy hubiesen bajado los diputados del oficialismo”, expresó Gervasio Muñoz, titular Inquilinos Agrupados.

<img src="https://media.ambito.com/adjuntos/239/imagenes/037/065/0037065517.jpg?0000-00-00-00-00-00" alt="<p>Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados.

“Para nosotros es fundamental la regulación de los precios por inflación y salarios, la extensión de los contratos de alquiler a tres años, resolver el tema de las garantías y expensas y el registro de los contratos de alquiler en AFIP”, continuó.

En tanto, Federico López Castromil, Vicepresidente I de la Cámara Inmobiliaria Argentina, sentenció: “Estamos tratando de que salga una ley consensuada, pero para nosotros hoy así como estaba, el único consenso que había es que estábamos todos en desacuerdo. Hay muchos puntos debatibles, pero hay uno que directamente es inconstitucional y es que se quiera cercenar los honorarios de los profesionales inmobiliarios. Para nosotros es el respecto a nuestro trabajo”.

“La situación es muy complicada. Los propietarios la están pasando muy mal porque tienen la rentabilidad más baja de la historia. No son excéntricos magnates, la mayoría se rompió el lomo para llegar a comprar un departamento. Y los inquilinos también la están pasando muy mal porque llegan muy justos con los montos”, relató.

Aunque con algunos matices, los distintos proyectos proponen que los contratos de locación no se ajusten más solo por inflación, sino que se fijen a partir de una combinación entre el índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) elaborado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Además, plantean ampliar los tipos de garantía, entre los que se incluyen además de la garantía real, el aval bancario, el seguro de caución, la garantía personal del locatario o del fiador -que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente- y la garantía de fianza.

En tanto, las iniciativas también proponen rever el plazo mínimo legal de un contrato de alquiler. La mayor parte de ellas establece que “si carece de plazo expreso y determinado mayor, el plazo mínimo de locación para viviendas será de tres años”.

En noviembre de 2016, el Senado había dado media sanción -por unanimidad- a una iniciativa de la legisladora rionegrina Silvina García Larraburu (PJ-FpV). Sin embargo, el proyecto fue frenado en la Cámara de Diputados durante todo 2017 y volvió a reactivarse en 2018, donde consiguió dictamen de comisión a mediados de octubre. La iniciativa se fue posponiendo y el Gobierno la dejó afuera del temario de extraordinarias, por lo que perdió estado parlamentario.

Fuente: ámbito.com

La Justicia abrió una causa para investigar al Gobierno nacional por la presunta infracción al código electoral con la implementación de un plan clandestino de subsidios a desocupados a cargo de punteros del oficialismo que reveló este diario la semana pasada. Además, emplazó al Ministerio de Producción y Trabajo para informar esta semana sobre la resolución oculta que dio origen al programa de pagos y sus antecedentes. El expediente se basa en la investigación que realizó Ámbito Financiero por presunta compra de votos y desde ayer se sumó una denuncia presentada por los apoderados del Frente de Todos con la misma pesquisa como eje.

La causa 007852/2019 quedó en manos de la jueza federal con competencia electoral María Servini con intervención del fiscal Jorge Di Lello, quien ya había iniciado una investigación preliminar con igual objetivo por la que ayer le tomó declaración testimonial al autor de esta nota. El escándalo, que aún no mereció una respuesta formal por parte del ministro Dante Sica, se metió de lleno en la campaña electoral y promete derivar en un juicio oral sumarísimo.

La denuncia ante Servini fue presentada por el abogado Jorge Landau junto a otros apoderados del Frente de Todos e incluyó, además del pedido de investigación a Sica y al secretario de Empleo, Fernando Prémoli, como firmante de la resolución, el planteo de una medida cautelar para la suspensión de los pagos de bonos de $ 5.000 derivados de la normativa. Además de una maniobra de clientelismo, Landau le dijo a este diario que las sospechas como denunciantes pasan por “la posibilidad de que los montos presupuestados fuesen usados para pagarles a los fiscales de Juntos por el Cambio 5.000 pesos y otros $ 5.000 en caso de que en sus mesas ganara” el oficialismo nacional.

“Acá se va a investigar una compra de votos. Pero también nos llegó información de que los bonos de $ 5.000 van a remunerar el pago a fiscales y a comprometer otros cinco mil pesos si Juntos por el Cambio se impone en sus mesas. La campaña del Gobierno está llena de estas porquerías y es una carrera de obstáculos”, amplió Landau en diálogo con este diario. En ese sentido, el apoderado recordó que la semana pasada las autoridades de la campaña del oficialismo “quisieron cambiar a los responsables de la transmisión de datos desde las escuelas”.

Según la denuncia “los hechos descriptos encuadran en el delito previsto en el artículo 139 inciso ‘b’ del Código Electoral Nacional, que pena a quien compeliere a un elector a votar de manera determinada” y que fija condenas de uno a tres años de prisión. Y apunta en particular a la eventual responsabilidad de Sica y Prémoli por la firma de la resolución 1177. Esa normativa habilitó un presupuesto de hasta 650 millones de pesos para el pago por única vez de unos 114 mil bonos de $ 5 mil cada uno, en teoría con destino a personas desocupadas con DNI y constancia de CUIL que no percibieran otro ingreso (salario, jubilación, plan social o prestación por desempleo, entre otras alternativas).

En paralelo con el expediente de Servini, el fiscal Di Lello avanzó ayer por su cuenta con la investigación preliminar por el mismo escándalo, en este caso de oficio a partir de las notas de este diario. Ayer le tomó declaración testimonial a este cronista, quien relató los pormenores de las últimas publicaciones y de la resolución expuesta la semana pasada, así como del listado interno elaborado por Producción y Trabajo con 105 mil potenciales beneficiarios del bono de los cuales la Anses rechazó 25 mil por incompatibilidades con los requisitos para el pago.

El representante del Ministerio Público envió ayer un oficio a la cartera que dirige Sica para emplazarlo a informar antes de 48 horas de todos los detalles de la normativa y sus antecedentes. En la fiscalía no descartaban ayer una citación a indagatoria a Prémoli y hasta un eventual allanamiento a la cartera de Gobierno en caso de no obtener la documentación solicitada en el plazo estipulado.

En la oposición, a las denuncias públicas que en las últimas semanas habían hecho intendentes peronistas como Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Juan Carlos Gasparini (Roque Pérez) o Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) sobre el presunto ofrecimiento de bonos en esos distritos por parte de candidatos y punteros del macrismo, y a la queja del candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof (consideró “de una gravedad increíble” las denuncias) se sumó Cristina de Kirchner en la presentación de su libro, Sinceramente, en La Plata: “con la emergencia alimentaria se pueden generar bonos de 5 mil pesos, pero los están utilizando para el tema del clientelismo político. Se filmó el otro día en La Plata, una cosa muy fea, muy horrible”, dijo respecto de un video que muestra un presunto puntero que invoca el nombre del intendente local, Julio Garro, en la tramitación del pago.

Fuente: ámbito.com

Jorge Milton “Coqui” Capitanich volvió a resultar electo gobernador de Chaco con casi el 50 por ciento de los votos. Capitanich trazó un programa a largo plazo para la provincia e imagina la forma que interactuará con el gobierno nacional “de Alberto y Cristina”, con la confianza que la elección presidencial ratificará el resultado de las PASO y el triunfo del Frente de Todos. Afirma que el 27 habrá un “presidente electo que habilita institucionalmente que se inicie un proceso de transición en la toma de decisiones”, pero que hay que “respetar los tiempos constitucionales”. En esta entrevista, el gobernador electo detalla las políticas de “emergencia” que aplicará por “la seguridad alimentaria”, las tarifas y la educación, así como el desarrollo productivo y laboral. 

–Como toda elección es un proceso de aprendizaje. De 60 municipios ganamos en 45. Nos quedan nueve y espero que tengamos la estrategia electoral para tener sendas victorias. Hemos marcos hitos desde el punto de vista histórico: es la primera vez un intendente de Resistencia logra ser gobernador de la provincia, la primera vez por un tercer mandato, que un ciclo dura más de doce años, y que tenemos vicegobernadora –dijo Capitanich en una entrevista que concedió ayer muy temprano a dos medios porteños, luego de una reunión con el gobernador Domingo Peppo para iniciar el proceso de transición y antes de viajar manejando su propio coche hasta Rosario, donde compartiría con Alberto Fernández el escenario en el Foro de Ciudades.

–¿Cuáles son las prioridades para una provincia golpeada por la crisis económica?

–Tenemos un plan de gobierno, Compromiso para un Bien Común, que lo vamos a convertir en el Plan Chaco 2030, que tiene 25 acuerdos sectoriales, 50 iniciativas de carácter legislativo con 20 cadenas de valor con el objetivo de propender a producción, empleo y exportación. Es un plan de carácter integral y vamos a trabajar junto a Alberto Fernández y Cristina, como presidente y vicepresidenta de la Nación, con el objeto de estimular claramente la perspectiva de 2 millones de hectáreas de superficie sembradas, 5 millones de toneladas, 6 millones de cabezas de ganado, 50 mil empleos en los próximos 10 años de buena calidad y 1500 millones de dólares de exportación. Una matriz productiva y de servicios amplia y diversificada, donde debemos estimular dentro de ese esquema la tecnología del conocimiento. Vamos a propender a una reactivación muy fuerte en la industria de la construcción, creo que ese es el gran desafío que tenemos junto a Alberto, como parte de una agenda de trabajo con gobernadores e intendentes. 

–También se refirió a la emergencia para situaciones críticas ¿cuáles son?

–Seguridad alimentaria, un concepto integral del plan contra el hambre que ha lanzado Alberto, que va mas allá de provisión de alimentos para una persona si no la calidad de la misma, como la diversificación de la ingesta alimentaria para evitar la epidemia que significa sobre peso y obesidad que ya abarca al 41 por ciento de los jóvenes en la Argentina y un condicionante severo para enfermedades crónica nos trasmisibles. La regularización del precio de los alimentos, donde la dolarización ha sido una estrategia de reducción abrupta del consumo y hambre en muchos segmentos sociales. El tema educativo, queremos avanzar con un congreso pedagógico para un contrato social con 180 días de clases. 

–¿Y la situación de las tarifas de los servicios públicos?

–La desdolarización es clave porque ha significado una transferencia de ingresos de pobre a ricos en forma tremenda. Eso ha generado una participación porcentual relativa del ingreso disponible de la persona con respecto a la factura de servicios que lo hace prohibitivo: de 3 ó 4 por ciento promedio pasó a 15, 20 y 50 por ciento. Es o comés o pagas la luz. Esa opción de hierro que genera una política económica es letal.

–El Gobierno nacional dice que las provincias son mucho mas autónomas y que ganaron recursos ¿Lo cree así?

–En los últimos tiempos han tenido dificultades cuándo se toman decisiones unilaterales por parte del Estado Nacional y se apropian de los recursos coparticipables, como el caso de la reducción del IVA. Es cierto que hay una recuperación gradual del 15 por ciento.

–Ese 15 por ciento estaba destinado a fortalecer el Fondo de Garantías Sustentables (FGS) de la Anses, que ahora el gobierno de Macri utilizó para financiarse ¿Cuál es su opinión para resolver ese tema?

–El problema es que la mitad de las provincias transfirieron sus cajas de jubilación y la otra mitad no. Nosotros pusimos en Chaco por enmienda constitucional que sea indubitable la transferencia. Necesitamos un sistema de compensación y veo que se está trabajando en un sistema de compensación automática, porque las provincias que no transferimos estamos en desventaja con las que transfirieron. Creemos que lo que ha hecho Macri con el FGS es un estropicio: de 67 mil millones de dólares acumulados pasamos a 22 mil millones. Han perjudicado no solo los jubilados actuales sino a los futuros. Lo hicieron con una lógica extremadamente perversa, que logró el acompañamiento de muchos en el Congreso con la ley de reparación histórica, que no fue de reparación ni mucho menos histórica. En realidad fue una licencia para lograr una espoliación de esos recursos. 

–¿Habló con Cristina Kirchner?

–Si anoche, después de la elección.

–¿Con Alberto Fernández cómo es su relación?

–Muy buena. Siempre hemos tenido una excelente relación personal y cabe la menor duda que será la misma de acá al futuro para trabajar para poner a Argentina y al Chaco de pie.

–Si la elección del 27 confirma el resultado de las PASO, ¿cómo imagina la transición nacional, especialmente tras la agudización de la crisis que sobrevino tras las primarias?

–Son dos situaciones diferentes. Las PASO arrojaron un resultado lapidario para el Gobierno pero no propició un estatus de presidente electo. Ahora teniendo un estatus político y jurídico como un presidente electo, habilita un proceso de transición para la toma de decisiones.

–Fernández dice que va a gobernar con los gobernadores ¿Cómo lo interpreta?

–Para mí las prioridades básicas de un gobierno nacional son lograr un acuerdo con el FMI que te permita el reperfilamiento, como se dice ahora, en servicio de capital e intereses de deuda, por stand by o fondo de facilidades extendidas: una es más corta y otra es más larga, pero una con más condicionamientos y otra con menos. Eso tiene que abrir un paraguas con los organismos multilaterales de crédito que les permita a las provincias argentinas tener un programa como el Norte Grande, que para nosotros significó una herramienta extraordinaria para resolver obras de carácter estructural en materia de energía eléctrica, agua potable, cloacas, rutas, pavimento urbano. El tema de la deuda es clave para poder reactivar la industria de la construcción que tiene un efecto multiplicador para la generación de empleo. Lo otro es lograr un acuerdo de precios y salarios para lograr una estabilidad macroeconómica. Ahí tenes las bases para un crecimiento 3, 4 por ciento anual acumulativo.

Fuente: Página12

Llegó mojada y embarrada a la casa de una vecina

Abril Caballé, la niña de 10 años que llevaba desaparecida seis días, apareció sana y salva luego de un intenso operativo de búsqueda, según confirmaron esta mañana fuentes policiales.

La niña de Punta Indio llegó esta mañana caminando a la casa de una vecina, donde está viviendo por una disposición judicial, toda mojada y embarrada pero en buen estado de salud.

Abril se presentó en la casa de su vecina, Victoria Agüero, quien había sido demorada ayer junto a su pareja por presuntas contradicciones en sus declaraciones pero luego fueron liberados.

“La niña está bien. Llegó caminando, embarrada, a la casa de Victoria Agüero, vecina de su familia”, confirmaron los voceros policiales.

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Fuente: Pagina12