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El gobierno nacional suspendió este sábado el decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri que creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años la estabilidad de los puestos jerárquicos del Estado, y alcanzaba a unos 3.000 funcionarios nombrados bajo su gestión.

El decreto 36/2019, publicado en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Alberto Fernández, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y ya había sido anunciado por el jefe del Estado, quien había declarado que ese tipo de “picardías” se iban a “revisar”.

La norma “suspende por 180 días el decreto N° 788/19” y “convoca a la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, a reunirse dentro de los próximos 90 días”.

El decreto del ex presidente Macri firmado a solo 14 días de retirarse éste de la Casa Rosada, extendía por cinco años la estabilidad de los puestos jerárquicos nombrados bajo su mandato. El decreto suspensivo establece además que “en ningún caso, la prórroga de las designaciones podrá exceder el 31 de marzo de 2020”.

Además, instruye a los “ministros y ministras, secretarios y secretarias de la Presidencia de la Nación, autoridades superiores de organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado de la Administración Pública Nacional, a revisar los procesos concursales y de selección de personal”.

La revisión deberá realizarse en un plazo “no mayor a seis meses, en cualquier instancia en que se encuentren a fin de analizar su legalidad, y en particular, el cumplimiento y pertinencia de los requisitos previstos para el cargo concursado, merituando los antecedentes presentados por los postulantes”, agrega el texto.

En tanto, el artículo 7 dispone la revisión de las contrataciones de personal “efectuadas en dichos ministerios u organismos, durante los últimos tres años”. El documento advierte que las autoridades deberán “reportar los avances” de las acciones instruidas en el decreto mediante un “informe sobre la oportunidad, mérito y conveniencia de los cargos autorizados a concursar y los contratos celebrados”.

Entre los considerandos se analiza que la implementación del decreto firmado por Macri implicaría “una disrupción y una desigualdad en la carrera del personal de la administración pública”, al tiempo que no se “constataría una relación razonable con las escalas salariales” vigentes.

Las autoridades concluyen que “resulta necesario un análisis y control pormenorizado de la legalidad” del decreto 788/2019.

Fuente: La Mañana

Después del compromiso de campaña, llegó la confirmación. El gobierno de Alberto Fernández restituirá la paritaria nacional docente, que Mauricio Macri derogó por decreto. Se espera una primera convocatoria a los sindicatos en los próximos días.

Después de las PASO, Fernández se reunió con los principales dirigentes de Ctera, el gremio mayoritario del sector. En sus anteriores oficinas de San Telmo le confirmó a Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López que reabriría la negociación nacional. Durante dos años, había sido el principal reclamo sindical, el motivo de numerosas huelgas.

A principios de 2018, a través del decreto 52/2018, Macri suspendió la paritaria nacional y, en su lugar, estableció una “mesa de convenio marco” que excluía del temario la negociación salarial, pero que dirimía otras cuestiones como carrera docente, condiciones laborales y fondo de incentivo.

El argumento, por entonces, fue que el gobierno nacional, al no tener escuelas en su órbita, no podía definir el salario que cobran los docentes. Que, por el contrario, debían ser las provincias, por su carácter de empleadores, quienes lo resolvieran. El mismo decreto, a su vez, ratificó que el piso para negociar en las jurisdicciones sería de un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil.

Durante esos dos años, solo dirigentes de Uda, Cea y Amet participaron de las mesas de convenio marco. Ctera se ausentó en todos los encuentros, en rechazo a que no se discutieran salarios. La relación entre las partes se hizo cada vez más tensa.

A los pocos días de asumir al frente del Ministerio de Educación, Trotta confirmó el regreso de la paritaria nacional y llamó a recomponer la relación con los gremios. “Nunca más al enfrentamiento que hizo el gobierno anterior con los maestros”, dijo el ministro en su primer discurso ante los trabajadores de la cartera.

Para que se oficialice la decisión y se lleve a cabo, Fernández debería derogar el decreto que firmó Macri. Una vez que eso ocurra, el tema salarial volvería a ingresar en la agenda nacional. Se fijaría de nuevo un piso a partir del cual negociar en los distritos. Claro que eso podría traer problemas. Es posible que la pauta salarial que se establezca esté por encima de las posibilidades económicas de las provincias más pobres. Por tal motivo, los gobernadores no la suelen ver con buenos ojos.

A pocos días de finalizar su gestión, el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro dijo: “La idea de empezar a derogar la paritaria nacional docente surgió de los gobernadores peronistas en 2016. Se reunieron con el entonces ministro de Economía Prat Gay. Los gobernadores se quejaron de que eso distorsionaba sus arreglos provinciales”.

En realidad, técnicamente llamarle “paritaria” tampoco es correcto. Las paritarias están reguladas por leyes específicas: la cantidad de afiliados de cada sindicato define la cantidad de representantes en la negociación. Más allá del tecnicismo, sus detractores advierten esa distorsión que se puede generar. En cambio, sus impulsores destacan que genera un piso de equidad y acorta la brecha salarial entre las provincias.

Pese a que el tema estará presente, Trotta espera que las conversaciones que tendrá con los sindicatos excedan lo salarial. Que también se discuta infraestructura, calendario escolar, formación docente y condiciones de trabajo. “No podemos excluir a los maestros de la discusión. Son ellos los que llevan al aula los cambios en educación”, piensa.

Fuente: La Mañana